Recogiendo la obligatoriedad del Estado Ecuatoriano de cumplir con la sentencia de la CorteIDH, que decidió sobre el caso de Paola Guzmán que sufrió violencia sexual por parte del vicerrector de un colegio público, impulsaremos una Ley para la implementación de educación sexual y reproductiva integral y adoptación de medidas para prevenir y  tratar la violencia sexual en el ámbito educativo. La CorteIDH concluyó que Ecuador no le garantizó a Paola los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, educación, y a vivir libre de violencia y discriminación. Así, por primera vez, la CorteIDH reconoce que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva, como herramienta fundamental para comprender y denunciar el abuso sexual que pueda generarse dentro de planteles educativos hacia niñas, niños y adolescentes. Esta Ley contará con un enfoque de diversidades sexogenéricas, a fin de que se aborden las realidades y dinámicas de las personas LGBTI.

 

Esta Ley tendrá que aprobarse con la participación de niñas, niños y adolescentes en el planteamiento de políticas públicas de prevención, desde sus necesidades y voces.