Históricamente, la población trans ha sido la más discriminada y con menor acceso a condiciones dignas de vida, debido a la visibilidad de su identidad de género en una sociedad que determina sus dinámicas basada en roles y expresiones de género establecidas por el sexo de nacimiento. La población trans sufre discriminación dentro de sus entornos familiares, educativos, laborales, dificultad de acceso a vivienda, salud y un largo y devastador etcétera. La exclusión va desde la negación formal de su identidad hasta graves crímenes como violaciones grupales, lapidaciones, mutilaciones, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los cuerpos de mujeres y hombres trans no son encontrados y cuando lo son -sin vida- dan muestra de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

Así lo ha evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su infome “Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex” del 2015, en donde el organismo internacional determinó que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años.

 

Por esta razón, emularemos la experiencia de Argentina (y revisaremos experiencias exitosas en ese sentido de otros países) que creó el cupo laboral trans, e impulsaremos una ley de inclusión laboral donde se establecerá la obligatoriedad del Estado de un cupo laboral por el que al menos un 1% de los puestos en el sector público deberán ser ocupados por personas trans. En este sentido, el nivel de estudios o experiencia laboral de la o el postulante no será un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo; para lo cual se le permitirá el ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos, e ingresar a cursos de capacitación que le permitan contar con las herramientas para desempeñar el cargo de manera adecuada. Para esto se creará también una unidad de coordinación interministerial que tendrá como funciones: promover mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo; y garantizar los espacios de educación y capacitación necesarios.

 

En lo concerniente al acceso a salud integral, propondremos reformas legales que permitan a las personas trans este acceso sin ningún tipo de discriminación u objeción en el sistema de salud pública, con el fin que tengan acompañamiento sostenido en los procesos de transición, tanto en el ámbito de la salud física como mental. Se promoverá que en el sistema de salud pública se brinden los tratamientos hormonales necesarios, bajo el enfoque de integralidad, incluidos los tratamientos médico quirúrgicos e iintervenciones quirúrgicas de reasignación sexual, si  así fuera su deseo, desde la mayoría de edad.