La lucha de varios años de los activismos trans, que solicitaban que el campo de sexo en la cédula sea cambiado por el de género para todas las personas, devino en reformas legales que se discutieron dentro de la Asamblea Nacional. Finalmente un veto presidencial, acogido por la Asamblea, generó el artículo 94 en la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que establece:

 

“Voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino. El acto se realizará en presencia de dos testigos que acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos dos años, de acuerdo con los requisitos que para el efecto se determinen en esta Ley y su reglamento. Este cambio no afectará los datos del registro personal único de la persona relativos al sexo. De darse esta situación, el peticionario podrá solicitar el cambio en los nombres a causa de la sustitución del campo sexo por el de género”.

 

Este artículo es discriminatorio por cuanto genera un proceso de doble cedulación, en donde solo las personas trans que realicen este cambio tienen el campo género en sus cédulas. Este cambio de género en la cédula contrario a procurar una igualdad, consolida una segregación al crear una categoría específica para las personas trans, en una suerte de estigma juridificado que establece un diferenciación injustificada. También es discriminatorio y atentario contra la dignidad de las personas trans y su derecho a la autodeterminación de su identidad de género que se requiera la presencia de dos testigos en el proceso.

 

Por lo tanto, planteamos la reforma de esta ley a fin de que el campo sexo sea reemplazado por el de género para todas las personas o, en su defecto, ese campo sea eliminado totalmente de la cédula.

 

La nueva Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles contempla dos sistemas diferenciados: el de registro y el de identificación. En el primero, las autoridades registran todos los datos de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte; el cual debería registrar toda variable de la identidad, incluida la variable sexo y, si las personas lo desean, el género. El sistema de identificación (la cédula), en cambio, solo debería tener los datos necesarios para vincular a una persona con el registro público (un número), y los datos relevantes para su identificación pública. No consideramos necesario que se incorporen datos que las personas quieren mantener en su esfera privada como lo son sexo o género.