Con respecto a la situación de las mujeres, niñas y adolescentes, vemos que el Estado poco o nada hace para proteger y garantizar sus derechos. Las cifras hablan por sí solas:

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, de noviembre de 2019, del INEC, 65 de cada 100 mujeres reportan haber experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida: violencia psicológica, física, sexual y patrimonial.

Según datos de la Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Femicidios en Ecuador, 833 mujeres fueron asesinadas por razones de género, desde el 1ero de enero del 2014 hasta el 16 noviembre de 2020. Desde el 2014, la tendencia se mantiene: un femicidio cada tres días.

Solo entre febrero y abril de 2020, la Fiscalía General del Estado registra 705 casos de violación, 840 eventos de abuso sexual y 155 eventos de acoso sexual. Según cifras del ECU 911, entre el 12 de marzo y el 11 de abril de 2020 se recibieron 6.819 llamadas de auxilio por posibles casos de violencia de género.

Del 2015 hasta enero de 2019 se registraron al menos 378 investigaciones por aborto en la Fiscalía General del Estado, muchas de ellas originadas en instalaciones de servicios sanitarios, donde personal médico condicionó la atención requerida a las mujeres con emergencias obstétricas previo a que ellas realicen confesiones ante las autoridades, para que los casos sean tratados como supuestos delitos flagrantes.

17.448 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016, de acuerdo con la base de datos de Estadísticas Vitales y Nacimientos del INEC, la gran mayoría víctima de violación, pero no registradas como tal, lo que les impide acceder a atención, reparación y justicia. A ello se suma que somos el tercer país de la región con mayor tasa de embarazo infantil y adolescente (de 10 a 19 años).

La Comisión AAMPETRA, creada por la Asamblea Nacional en julio del 2017, para investigar el abuso sexual en el sistema educativo publicó en su informe la existencia de 4.584 casos de abuso sexual cometidos y detectados en el ámbito educativo entre 2015 y abril del 2018. De esos, tan solo 734 habrían sido judicializados.

Según un estudio, presentado en mayo de 2019 por el Observatorio Social del Ecuador, en 2016 se suicidaron 192 jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años; este informe señala que el suicidio es la principal causa de muerte de las y los adolescentes en Ecuador, lo que es corroborado por las estadísticas del INEC del 2019. Hay que tomar en cuenta de que el bullying escolar es una de las principales causas del suicidio y es, precisamente, el entorno escolar -junto con el familiar- donde las personas consideradas “diferentes” sufren de humillación y violencia.

Con respecto a la población LGBTI hay una ausencia de datos nacionales debido al nulo interés del gobierno y sus instancias para estudiar las realidades y problemáticas de discriminación y acceso a justicia y derechos por parte de esta población. Sin embargo, es evidente que históricamente, la población LGBTI ha sido discriminada y ha tenido limitado acceso a condiciones dignas de vida, debido a tener una orientación sexual diversa, o a la visibilidad de su identidad de género en una sociedad que determina sus dinámicas basada en roles y expresiones de género establecidas por el sexo de nacimiento. La población LGBTI sufre discriminación dentro de sus entornos familiares, educativos, laborales, dificultad de acceso a vivienda, salud y un largo y devastador etcétera. Los tratos excluyentes y denigrantes incluyen el secuestro y encierro en clínicas de tortura, donde supuestamente garantizan curar lo que no es una enfermedad, hasta crímenes de odio.